En Agencia Hércules trabajamos dentro del marco legal establecido por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, ofreciendo investigaciones profesionales, discretas y completamente ajustadas a derecho. Estas son las principales funciones que puede desempeñar un detective privado en el ejercicio de su actividad:

Investigación de Hechos Privados

Realizamos investigaciones relacionadas con la esfera personal, familiar o patrimonial, siempre que exista un interés legítimo por parte del cliente.

• Infidelidades y conflictos familiares
• Control de menores o personas dependientes
• Localización de personas o bienes
• Vigilancias y seguimientos

Investigación en el Ámbito Laboral y Empresarial

Ofrecemos soporte a empresas en la detección de comportamientos que puedan afectar su integridad o funcionamiento interno.

• Bajas laborales fingidas
• Competencia desleal o fuga de información
• Verificación de trabajadores en régimen de teletrabajo
• Detección de robos o fraudes internos

Obtención de Pruebas para Juicio

Los informes elaborados por nuestros detectives tienen plena validez legal y pueden ser presentados como prueba en procedimientos judiciales. Además, nuestros profesionales pueden comparecer como testigos cualificados ante el juez.

• Custodias, divorcios y litigios civiles
• Despidos y conflictos laborales
• Localización de testigos o pruebas documentales

Control de Actividades en Eventos y Entornos Públicos

En contextos puntuales y de forma autorizada, el detective privado puede intervenir en ferias, congresos, hoteles o eventos privados para prevenir o detectar hechos concretos.

Límites de actuación

En ningún caso un detective privado puede:

• Investigar delitos perseguibles de oficio
• Intervenir comunicaciones o dispositivos electrónicos
• Acceder a datos protegidos sin autorización legal
• Suplantar a profesionales o autoridades

Profesionales habilitados y con garantías legales

En Agencia Hércules todos nuestros detectives están legalmente habilitados por el Ministerio del Interior y actúan con total respeto a la legalidad vigente, la confidencialidad y los derechos fundamentales de las personas investigadas.